Para invertir las prioridades, proponemos romper con el FMI y decirle no al pago de la deuda. Que esa plata se use para pagar salarios, generar trabajo y garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda. Proponemos nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, cuidar a los pequeños ahorristas y brindar créditos baratos. Por un plan económico basado en las necesidades de la mayoría trabajadora, debatido y gestionado por los trabajadores y las trabajadoras.
Aumenta la desocupación y los grandes empresarios se aprovechan del miedo a los despidos para empeorar las condiciones de trabajo. No puede ser que mientras algunos tienen que trabajar 10 o más horas, otros no tengan empleo. Proponemos repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, entre ocupados y desocupados, sin afectar el salario. Así, no solamente se solucionaría el problema del desempleo sino que, junto con un plan económico integral al servicio del pueblo trabajador, se reactivaría la economía. Abajo la reforma laboral flexibilizadora.
La pandemia dejó al descubierto la precariedad de nuestro sistema sanitario, donde un grupo de empresarios hacen negocios con las prepagas, mientras los hospitales públicos apenas se sostienen con el aporte de miles de médicas/os y enfermeras/os que ponen el cuerpo a pesar de los bajos salarios. La pandemia puso a la orden del día la necesidad de reunir la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales. Implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales, con participación de los y las trabajadores/as. Ningún privilegio en el orden de vacunación. Implementación de testeos y pruebas en todo el país.
La luz, el gas, el agua, el transporte y las comunicaciones son servicios esenciales que deberían estar garantizados para todos. Desde las privatizaciones menemistas estas empresas vienen ganando millones con lo que debería ser un derecho. Menem les regaló estas empresas a los grandes grupos económicos, bajo el kirchnerismo estas empresas siguieron ganando por la vía de los subsidios estatales y con los tarifazos macristas, las privatizadas se llevaron ganancias extraordinarias sin ningún tipo de inversión. Proponemos anular las privatizaciones y poner estas empresas bajo control, administración y gestión de los trabajadores, junto con técnicos y especialistas de la universidades públicas, un plan que incluya un control de los usuarios populares. Solo así se podrá desarrollar un plan nacional energético que lleve gas natural y luz a todos los hogares.
Ante la escalada de la inflación, proponemos que los salarios y las jubilaciones sean indexados una vez por mes. El ingreso mensual debe cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y salud.
Rechazamos el fracking y la megaminería. Fuera Barrick Gold y anulación del acuerdo YPF-Chevron. Proponemos la expropiación de esas firmas sin indemnización y que reparen los daños causados, garantizando el empleo con igual salario a sus trabajadores y trabajadoras. En función de una producción y distribución de energía según las necesidades populares fundamentales, la renta petrolera y minera debe financiar la transición hacia una matriz energética sustentable y diversificada, desarrollando las energías renovables y/o de bajo impacto ambiental en consulta con las comunidades locales. Prohibición de las fumigaciones aéreas y el uso indiscriminado de agrotóxicos.
Proponemos que los propios electores y electoras puedan revocar los mandatos de estos funcionarios y funcionarias. Ellos no sólo gobiernan para los poderosos, sino que cobran más de 150 mil pesos por mes. Viven alejados de la realidad de las grandes mayorías. Rechazamos los dietazos de los legisladores y jueces. Los diputados y diputadas del PTS en el Frente de Izquierda Unidad cobran como un docente, y el resto de su dieta es donada a fondos de lucha y causas populares.
Frente a la crisis y los cierres de empresas o fábricas, proponemos su expropiación y estatización para que sea puesta a producir, bajo el control de sus trabajadores y trabajadoras. Basta de trabajo precario y en negro, todos y todas a planta permanente. Rechazamos las nuevas formas de explotación laboral a través de plataformas virtuales, que eliminan los más elementales derechos laborales.
Hoy la jubilación mínima está por debajo de la línea de indigencia. Queremos el 82% móvil para los jubilados y jubiladas, junto con el aumento inmediato del haber mínimo para que cubra sus necesidades.
El IVA debe dejar de aplicarse sobre la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario. Para resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, proponemos impuestos para las grandes fortunas e impuestos extraordinarios a los bancos, los terratenientes y los grandes empresarios. Comités de control de precios y abastecimiento popular.